El problema de cualquier GC, policía o funcionario es que las leyes se realizan poniendo especial énfasis en que el ciudadano tiene todos los derechos pero la obligación de conocer sus obligaciones como tal ciudadano. Por lo cual y dependiendo de la filosofia del juez que juzgue un caso exige a un GC, policía o funcionario todo tipo de obligaciones, no le reconoce ningún derecho y en cambio no hace lo mismo cuando el ciudadano incumple las leyes, lo que da lugar a una asimetría a la hora de juzgar y reconocer la legalidad de con que actuan los funcionarios y policías.
En países más avanzados cualquier tipo de amenaza a un policía, GC o funcionario en el cumplimiento de su obligación es motivo de una sentencia severa, toda vez que representa la garantía de los derechos de los ciudadanos.
En este caso concreto, queda claro que hubo una llamada a la GC solicitando auxilio por haber un posible delito de violencia de género, que se acudió, que se actuó de acuerdo con la legalidad y que había una persona con actitud violenta a la cual había que reducir, que respondió con violencia lo cual desató la ocurrencia de unos hechos que terminaron en el fatal desenlace.
Ahora bien, si llaman solicitando auxilio por un delito de violencia de género, como es que despues en la denuncia se desdice la llamante manifestando en el juicio de que no fue nunca maltratada. Lo mismo que los testigos manifiestan que no había cuchillo y que la actitud no era tan violenta. También es curioso que a un enfermo psicológico le quiten la medicación, lo cual implica que recaería en crisis, no lo veo normal.
Sintiendolo mucho alguien ha visto la posibilidad de rentabilizar el desgraciado hecho y como responsable último es el Estado, pues nada a denunciar y pregonarlo mediante la prensa como forma de presionar.
Sinceramente espero que el compañero salga bien librado, aunque eso dependerá del juez que le toque, tal como algún otro forero ha comentado.
Un saludo
p.d.- en EEUU, Reino Unido y otros países la Administración de Justicia y los Legisladores dejan bien claro que cualquier dosobedecimiento de un Agente de la Ley o ataque es garantía de una pena para el infractor ejemplar, tal como debería ser en España un país avanzado.