II PARTE:

El 21 de junio de 2013 se publicó en EL MUNDO la historia de la reapertura de la causa, un artículo titulado El folio 825. En él, como hijo de una de las víctimas del atentado, explicaba cómo había logrado congelar la posible prescripción de los asesinatos.
Conseguí este objetivo a partir de una declaración policial incluida en el sumario de este caso y que apuntaba a Ignacio Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería y Gorosti, como jefe de la banda terrorista y posible autor intelectual -no material- de la masacre. Gracias al fiscal Fernando Burgos, que escuchó el caso, y al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que reabrió el sumario, gané tiempo para seguir investigando el asesinato de mi padre.
UN INDICIO CASUAL

La historia arrancó con un comentario casual en la redacción de EL MUNDO, en donde trabajaba como periodista. Muy poca gente sabía que hacía dos décadas mi padre había muerto tras un ataque con coche-bomba. Una compañera comentó en voz alta que el "problema" de ETA estaba superado -dos años antes, el 20 de octubre de 2011, la banda anunciaba el cese definitivo de la violencia terrorista- y que no merecía la pena "remover" los casos.
En ese momento algo cambió en mi cabeza. Me di cuenta de que en pocas semanas se iban a cumplir dos décadas de la muerte de mi padre y de que los delitos cometidos por los autores -jamás juzgados ni condenados- podrían prescribir, de acuerdo con la legislación vigente. Como movido por un resorte levanté el teléfono, llamé a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y solicité el acceso al sumario 17/94, el correspondiente al caso.
Por aquellos días la oficina, dependiente del Ministerio de Justicia, mantenía un "perfil bajo" informativo a pesar de que llevaba abierta desde el año 2005. Su directora, Carmen Alba, explicaría más tarde que no tuvo unas funciones claras hasta 2011, gracias a la Ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En cualquier caso, su labor es prácticamente desconocida para muchos.
Cuando expliqué el asunto, la petición fue trasladada de inmediato a la oficina del entonces juez de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska. Este último ordenó el traslado en tiempo récord -apenas dos días- del sumario desde el archivo en Alcalá de Henares hasta la sede provisional de la Audiencia, en la calle Prim, 12, de Madrid. El 7 de junio de 2013 llegaron los entonces ocho tomos del sumario al juzgado. Una lectura a fondo de aquellos papeles desembocó en la reapertura del caso y de esa forma se desvaneció la temida prescripción de los delitos.
Aquello sucedió la víspera del vigésimo aniversario del atentado, el 20 de junio de 2013. Al día siguiente publiqué mi historia.
LA DECISIÓN DE ACTUAR SOLO

El 21 de junio de cada año se celebra una misa en la sede del Estado Mayor de la Defensa como tributo a las víctimas del atentado. Allí acudí puntual, con el periódico debajo del brazo. Esa jornada no fui a la redacción porque quería estar con mi madre y mis hermanos. Además, decidí ignorar el teléfono, que no dejó de sonar en todo el día.
En el aperitivo servido después del homenaje me encontré rodeado por las viudas y los huérfanos que dejó el atentado. Estaban asombrados y confundidos: desde primera hora de la mañana de aquel viernes la noticia de la reapertura del caso aparecía en todos los sitios web de noticias, en los boletines de radio y en los informativos de televisión. Tuve que explicarles lo que había conseguido, apoyado en la información que yo mismo había escrito el día anterior.
Ya entonces tenía decidido seguir investigando por mi cuenta. Muchos de los afectados quisieron agruparse, compartir gastos y abogados, etc. Pero preferí actuar solo: necesitaba poder investigar libremente sin tener que consultar con nadie, moverme rápido y ser muy discreto.
Muchos de los afectados quisieron agruparse, compartir gastos y abogados, etc. Pero preferí actuar solo
Aquel día también tomé otra importante decisión: no volvería a publicar absolutamente nada acerca del atentado o de lo que investigara hasta que supiese quién mató a mi padre, o hasta que la desesperación me llevase a tirar la toalla definitivamente.
Comenzaba así la parte más ardua de esta investigación, en la que arrancaba prácticamente de cero. No sabía por donde empezar. A mi favor jugaban varios factores, como la experiencia de 14 años como periodista y ciertos conocimientos jurídicos. Y, sobre todo, haber conseguido comprar un poco de tiempo. En contra, que los asuntos de terrorismo jamás me habían interesado, no había profundizado en la historia de ETA en 20 años. Dolía demasiado. O quizá decidí pasar página, como tantas otras víctimas que fui conociendo estos años y cuya postura respetaba porque había sido la mía.
En cualquier caso, me faltaba todo el contexto, los conocimientos e incluso los contactos.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Lo primero que hice fue personarme en el caso como acusación particular, dado que en el momento del asesinato de mi padre era menor de edad -tenía 17 años- y no pude hacerlo entonces. De hecho, la representación de las familias de las víctimas de aquel atentado había sido asumida, en su mayor parte y desde el primer momento, por los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Poco después de la publicación del artículo El folio 825, el día 18 de julio de 2013, me personé en la causa . A partir de ese momento, mientras las partes instaban al juez a que solicitase a la Policía Nacional y a la Guardia Civil informes sobre Iñaki Gracia Arregui, alias Gorosti, y su posible vinculación con el atentado, yo me puse a investigar por mi cuenta. El punto de partida era, por tanto, el sumario. No tenía nada más.
Traté de buscar, en primer lugar, a los testigos a quienes la Policía había tomado declaración tras el atentado hacía dos décadas. Descubrí que algunos habían fallecido. Tal era el caso de José Luis Sevillano, dueño del kiosco situado a la altura del número 85 de la calle Serrano. Justo ahí explotó el llamado "coche de la huida", un Ford Fiesta matrícula M-0050-IX que, al estallar, destrozó el puesto. La propia estructura del kiosco, lleno además de periódicos y revistas, amortiguó la explosión y le salvó la vida. No obstante, el dueño murió de un infarto en el año 2006. Según su entorno, siempre contaba la misma anécdota: él estuvo apoyado en el vehículo de los etarras justo antes de que estallara mediante una bomba con temporizador. Solía decir que quizá hubiera podido reconocer a los ocupantes, a los autores materiales de la masacre. Desgraciadamente, nunca se sabrá.

Otro testigo, sin embargo, sí quiso hablar. Javier Llanes trabajaba en 1993 en el Restaurante Tinoca, ya cerrado. Pude localizarle a través de Internet, simplemente tecleando su nombre en Google: es aficionado a participar en carreras populares y aparecía en varias listas de participantes. Conseguí el teléfono de su casa, llamé y contestó su hija. Tras dejar su número, Llanes devolvió la llamada, muy sorprendido. Quedamos en un Vips. El testigo se mostró más que dispuesto a ayudarme, pero reconoció que no iba a poder aportar más de lo que había declarado en 1993. La explosión le pilló dentro del restaurante en el que trabajaba. Enseguida salió a la calle entre los escombros para ayudar su amigo José Luis, el dueño del kiosco. No pudo ver ni identificar a los posibles autores del atentado. No recordaba más.
El resto de testigos no había aportado nada en los interrogatorios que tuvieron lugar justo después de la matanza. A otros ni siquiera pude localizarlos, como sucedió con F. B., el portero del edificio de la calle Serrano 85. Por último, algunos no querían hablar del asunto.
Por respeto a su intimidad, no aparecerán en esta historia.
LA "VÍA NANCLARES"

A mediados del verano de 2013, había llegado a mi primer callejón sin salida. Tras analizar la situación con la cabeza fría, deduje que la única opción posible era preguntar directamente a etarras supuestamente arrepentidos en vías de reinserción.
La idea de hablar con presos fue del juez del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Esos reos habían sido trasladados o acercados a prisiones del País Vasco a cambio de su renuncia a la violencia terrorista y su teórica colaboración con la Justicia para esclarecer otros casos. Muchos de ellos estaban en la prisión de Zaballa (oficialmente, Centro Penitenciario de Álava), cercana a la histórica cárcel de Nanclares de Oca, al sur de Vitoria. Pertenecían a un grupo llamado, desde hacía años, "vía Nanclares".
Tenía sentido. ¿No estaban recibiendo beneficios penitenciarios -acercamientos, permisos, etc.- por su supuesta colaboración? Pues iba a ponerles a prueba, a ver si realmente estaban colaborando.
Por aquellos días, la "vía Nanclares" se encontraba "en vía muerta". Es decir, ni políticos, ni etarras, ni víctimas apostaban ya por ella, según varios funcionarios y algunos periodistas consultados. No obstante, cabía la posibilidad de solicitar un encuentro con presos en calidad de víctima de terrorismo, siempre que el interno accediera y que se tramitase a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Al menos una docena de etarras se encontraban en ese programa. De todos ellos, solicité encuentros con tres terroristas que podían tener relación con el atentado o que, por las fechas de su encarcelamiento, quizá pudieran proporcionar nuevas claves sobre la cúpula de la banda en 1993.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, puso todo tipo de impedimentos
Sorprendentemente, la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puso todo tipo de impedimentos para tramitar las solicitudes. Todo ello a pesar de que dejé claro, desde el principio, que mi objetivo no era otro que tratar de aclarar las circunstancias de la muerte de mi padre y de otras seis personas en el marco de un proceso judicial abierto, con todas las garantías legales. Llegué incluso a sugerirles que me utilizaran: ofrecí mi ayuda tanto a Instituciones Penitenciarias como al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, para determinar si los etarras de la "vía Nanclares" estaban realmente cooperando en el esclarecimiento de otros casos.
El juez Castro siempre me atendió de forma amable y me ayudó con la investigación. Sin embargo, el subdirector de Instituciones Penitenciarias frenó todo lo que pudo la solicitud para establecer el primer encuentro con un etarra en la cárcel de Zaballa. Desde agosto y hasta noviembre de 2013, estuve llamando por teléfono casi cada día, ante el retraso burocrático. El director del citado organismo, cansado sin duda de tanta insistencia, invocó su papel como protector de los derechos de los reos a pesar de que los tres etarras habían accedido a los encuentros. Llegó incluso a decirme que dejase de investigar por mi cuenta, que no tratase de hacer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ésa fue prácticamente toda la asistencia que recibí de los responsables de esa dirección general, dependiente del Ministerio del Interior.