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    La Policía admite fallos en la custodia de la mochila del 11-M

    El informe sobre los atentados del 11-M localizado por la Policía y remitido a la Audiencia Nacional resume en 17 puntos sus «conclusiones» sobre la actuación policial tras la masacre de Madrid. Su visión se centra en la gestión de la polémica mochila de Vallecas, la prueba clave en la que se sustentó la sentencia y el relato de hechos sobre el asesinato de 191 personas. Este informe fue elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (Barc), creada por el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.

    En el texto de las conclusiones, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los especialistas policiales admiten fallos en la cadena de custodia de la mochila. Aseguran que hubo «tres momentos en los que se pasó por alto la existencia, supervisión y control de la bolsa de deportes que albergaba el artefacto». Esa mochila llevaba una bomba que no se detectó, con un teléfono dentro. Su desactivación permitió a los investigadores obtener las pistas que llevaron al locutorio de Lavapiés, a la casa de Chinchón donde se fabricaron los artefactos y a la detención de Jamal Zougam, único condenado como autor material de la masacre.

    En el documento se detallan esos tres momentos: «El de la extracción de los efectos de los vagones, sin controlar ni anotar quién lo hacía, de qué vagón y sin numerarlos». El segundo: el momento «de colocar la bolsa en el montón de objetos sin que su contenido hubiera sido revisado por el Edex» (especialistas en desactivación de explosivos). El tercero fue «el instante en el que la bolsa se introduce en un bolsón de basura sin comprobar su interior, a pesar de su peso excesivo», señala el informe.

    Esta brigada apunta que las «singulares circunstancias de los ataques conllevaron que las dotaciones de la Policía Científica en El Pozo [donde estaba la mochila con la bomba] se centraran en los cadáveres y en la recogida de efectos personales óptimos para la identificación. La recopilación del resto de objetos esparcidos o abandonados en la estación de El Pozo la efectuaron efectivos de otras unidades y organismos», apunta el escrito.

    En tono autocrítico, pero dando un aval a la actuación policial, los analistas prosiguen: «No ha quedado registrado en ningún archivo policial la identidad de todas las personas que intervinieron en la estación de El Pozo procedentes de diversos organismos o instituciones, ni siquiera la de todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía».

    La Barc considera en sus conclusiones que «el errático camino de los efectos por varios puntos de la ciudad pudo deberse a la confusión, incluso por la comisión judicial actuante en El Pozo, entre las comisarías de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas».«Desde la introducción en bolsones de los efectos hasta su apertura en la comisaría de Puente de Vallecas, los objetos se encontraron en todo momento bajo custodia y los testigos policiales descartan la posibilidad de que se manipularan durante el traslado». La Barc concluye que entre el artefacto localizado en esa comisaría y los que fueron desactivados en otros escenarios relacionados con los hechos «existen elementos comunes que indican que fue depositada en el tren por los terroristas».

    El informe concluye que se ha documentado la actuación de más de 70 miembros del Cuerpo Nacional de Policía en los diversos escenarios en los que estuvo la bolsa del artefacto. Pero que «únicamente ha quedado registrada la entrega voluntaria de ADN para cotejo por parte de cinco de ellos. Sigue anónimo el perfil genético encontrado en el asa de la bolsa que contenía el artefacto», advierten los especialistas policiales.

    También señalan que de la actuación de «algunos funcionarios policiales se ha tenido conocimiento porque éstos dirigieron escritos a las autoridades pero no ha quedado reflejada en el atentado que se instruyó con ocasión de los atentados».

    Además, asegura que no existe constancia de que se tomara declaración al mando policial de Puente de Vallecas «que asumió la responsabilidad de la recogida de efectos de El Pozo. Su actuación no se conoció hasta que él mismo dirigió una minuta al director general de la Policía en octubre de 2004». También advierte de que no se tomó declaración a los dos policías municipales «que observaron la conducta sospechosa de tres individuos árabes en una estación de servicio en la madrugada del día de los hechos, ni se les mostraran fotos de los sospechosos».

    Los especialistas de la Barc señalan que se ha comprobado «la existencia de una testigo que viajaba en el segundo vagón del tren de El Pozo y vio una bolsa abandonada bajo un asiento. Ese vagón no registró explosión alguna por lo que no puede descartarse que la bolsa que refiere la testigo sea la que apareció en la comisaría». Pero indican que no existe constancia de que a esa testigo se le mostrara la fotografía de la bolsa encontrada en Puente de Vallecas, «diligencia que la podría haber situado de manera inequívoca en el interior de ese tren». Tampoco se consignó en las pesquisas «la identidad del operario de Selur que, según indica el jefe de MIP 3, introdujo con él una bolsa de deportes muy pesada en una bolsa de basura».

    El informe revela que ni en la Comisaría General de Información ni en la Brigada Provincial quedó guardada copia de los datos enviados por las compañías telefónicas (excepto Vodafone) «sobre el tráfico registrado por las BTS que dan cobertura en el Corredor del Henares a las zonas afectadas por las explosivos en las horas de su producción».

    La existencia del informe fue desvelada por Eugenio Pino en una entrevista con EL MUNDO. También habló de un informe similar sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán y sobre el caso de Marta del Castillo. El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ordenó a la Policía que localizara y le entregara esos informes. Nueve días después, el único informe que ha aparecido es el del 11-M. La Audiencia Nacional avaló la polémica mochila de Vallecas como la pieza clave para resolver los atentados del 11-M en los que fueron asesinadas 191 personas.

    El tribunal presidido por Bermúdez defendió la «autenticidad de la bolsa de deportes que contenía un artilugio explosivo y que fue desactivada el 12 de marzo en el parque Azorín», en el madrileño barrio de Vallecas. «Cuestión diferente, aunque sin consecuencias jurídicas, es el extravagante periplo de los efectos». De la estación de El Pozo al pabellón número 6 de Ifema y de allí, a la comisaría de Puente de Vallecas, donde finalmente fue localizada la bomba. El tribunal reflejó en la sentencia que la cadena de custodia de este efecto no se rompió. «No hay indicio alguno de un deficiente control de los efectos que, en todo momento, estuvieron bajo custodia de funcionarios policiales determinados».

    No obstante, el tribunal denunció que no hubo «una orden homogénea y general sobre qué hacer con los objetos recogidos en los distintos lugares de los atentados». «Se trata, en definitiva», concluyó el tribunal, «de un caso de descoordinación y mala transmisión de la información que debe corregirse en el futuro, pero que carece de efectos jurídicos, siendo comprensible, atendidas las extraordinarias circunstancias concurrentes esa mañana y la prioridad absoluta que se dio a la identificación de los cadáveres, que pudo ser inadecuada para la investigación, pero sin duda indiscutible desde el punto de vista humano».

    «Existe un enlace múltiple, unívoco, preciso y directo entre el explosivo desactivado en el parque Azorín y los distintos escenarios de los atentados», apuntaba la sentencia que realizaba un detallado informe tanto del teléfono como de la tarjeta del aparato intervenidos en esa bolsa y que fueron la clave policial para llegar a Jamal Zougam, único condenado como autor material de la masacre.

    En concreto, concluyeron que del análisis de la prueba practicada sobre la tarjeta del teléfono que tenía la bomba desactivada en Vallecas se pudo llegar al locutorio de Jamal Zougam, en la calle de Tribulete, en Lavapiés. «El análisis del teléfono conduce a afirmar que las personas que los adquirieron entre el 3 y el 8 de marzo en Bazar Top» formaban parte del grupo terrorista y estuvieron en la finca de Chinchón.

    http://www.elmundo.es/espana/2017/02...7488b4570.html




    La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza reabrir la investigación sobre el 11-M tras estudiar el informe de la brigada de Eugenio Pino

    La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado reabrir la investigación sobre el atentado del 11M tras estudiar el informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada por el exjefe operativo de la Policía Eugenio Pino al entender que el mismo "no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo y/o distinto de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial".

    Según ha informado en una nota de prensa la Fiscalía, el responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha considerado que el informe al que aludió Eugenio Pino en una entrevista no justifica iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación o ejecución del atentado.

    "La Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al estimar que no es útil ni pertinente la práctica de nuevas diligencias, ha procedido a su archivo por considerar innecesario su remisión al órgano judicial", continúa la nota, que añade que será remitida una copia del informe a las asociaciones de víctimas personadas en el procedimiento.

    La Dirección General de la Policía informó el viernes que había enviado al Fiscal-Jefe de la Audiencia Nacional el informe elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) en un CD con formato PDF, siguiendo las instrucciones del pasado 9 de febrero del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Florentino Villabona.

    El pasado martes, en una comparecencia en el Ministerio del Interior, el titular de esta cartera, Juan Ignacio Zoido, explicó que había dado instrucciones para que le remitieran este y los otros dos informes sobre el chivatazo del 'caso Faisán' y el asesinato de Marta del Castillo que mencionó en su entrevista Eugenio Pino.

    De los tres informes secretos que mencionó Eugenio Pino, éste del 11M ha aparecido nueve días después de la entrevista en 'En Mundo' que causó "sorpresa" en el actual ministro del Interior. A juicio de los técnicos de la Dirección General de la Policía, "el informe sobre el 11-M se limita a hacer única y exclusivamente una somera auditoría a los protocolos de actuación de la Policía Nacional, sin que incluya referencia alguna a otro asunto que no sea esa mera revisión de las actuaciones policiales".

    Igualmente, los técnicos de la Dirección General de la Policía concluyen que del documento elaborado por la BARC "no se desprende la existencia de ninguna nueva línea de investigación a realizar y de la misma manera su contenido carece de trascendencia en el ámbito policial".

    http://www.antena3.com/noticias/espa...9cbfe381e.html

  2. #2
    http://www.elespanol.com/espana/poli...5481112_0.html

    Contenido del Informe secreto

    La brigada de Pino buscó sin éxito a Zougam y a los suicidas de Leganés en los vídeos del 11M

    La BARC de la Policía investigó la presencia de "sujetos de aspecto similar a los descritos por los numerosos testigos".


    Imagen de uno de los trenes tras el atentado.

    Alejandro Requeijo @Alex_RequeijoDaniel Montero @monteroblog
    22.02.2017
    03:57 h.

    La brigada especial creada por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, que revisó los vídeos del 11-M para buscar en ellos a posibles autores de los atentados. Después incluso de que el caso tuviera sentencia firme. El informe que ha permanecido secreto desde 2015 hasta el pasado viernes, refleja textualmente que “una vez digitalizadas, las imágenes [de las cámaras de seguridad] fueron visualizadas durante el presente análisis a fin de comprobar la posible aparición en alguna de ellas de sujetos de aspecto similar a los descritos por los numerosos testigos cuyas declaraciones se han estudiado en este análisis, los de los autores condenados, o los de los suicidas de Leganés”.

    El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, viene a desmentir la versión aportada por Interior sobre el contenido del informe. El Ministerio controlado por Juan Ignacio Zoido aseguró que el documento abordaba únicamente los protocolos seguidos por la Policía en este caso. Pero no es así. En varias ocasiones a lo largo de 103 páginas, los agentes se centran también en el contenido de las investigaciones y llegan a revisar de nuevo -como en el caso de las cámaras- el contenido de declaraciones y otros documentos ya analizados en el sumario del caso.

    El documento -que ha permanecido oculto más de dos años y que apareció el pasado viernes tras ocho días de búsqueda por parte de Interior- reconoce que tras la publicación de la sentencia y sin que juez alguno lo solicitara, los agentes de confianza de Pino dedicaron buscaron en las cámaras tanto a los terroristas que se inmolaron un mes después en la vivienda de Leganés, autores materiales condenados como Jamal Zougam, o a individuos que coincidieran con las descripciones de testigos. No encontraron nada.

    Jamal Zougam fue condenado a un total 42.917 años de prisión por la Audiencia Nacional, una pena que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo al considerar acreditado que esta persona fue una de las personas que colocó una de las bombas en los trenes, concretamente en el cuarto vagón del tren de Santa Eugenia. Zougam era además quien gestionaba el locutorio de Lavapiés donde se compró la tarjeta del teléfono móvil halado en la mochila de Vallecas. Esa bolsa capitaliza la mayor parte del informe como adelantó este diario y fue la prueba clave que condujo hasta los autores del atentado.

    Escasez de imágenes

    De hecho, la ausencia de nuevos resultados concretos ha supuesto que la Fiscalía lo considere irrelevante para la causa y haya declinado la práctica de cualquier nueva diligencia. Algo contrario a lo declarado por el responsable último de esta brigada, Eugenio Pino, que aseguró que el trabajo daba respuesta a "nebulosas" vinculadas a los atentados. También hizo alusión a un informe sobre el caso Faisán que Interior busca sin éxito desde hace más de una semana, pese a que su existencia ha sido ya confirmada por el ministro.

    En el caso concreto de las cámaras de seguridad, los agentes analizan el contenido de las grabaciones en el punto 10.5, llamado “Visualización de las imágenes disponibles”. Los funcionarios destacan la escasez de imágenes que existe sobre los hechos y explican que, en algunos puntos estudiados, las cámaras de seguridad ni siquiera tenían sistema de grabación.

    La Brigada de Análisis y Revisión de Casos llega a comparar estas carencias con el atentado yihadista en el metro de Londres (2005), donde las autoridades británicas sí contaron con imágenes de seguridad del suburbano. De hecho, estas escenas -que se incluyen en el informe- fueron determinantes para confirmar la identidad de los autores.

    En otra fase del documento, la BARC destaca que “en diferentes lugares a lo largo de la Instrucción del sumario (de los atentados) se menciona la existencia de una pieza separada de cintas de vídeo”. Sin embargo, esta brigada advierte de que “no se ha tenido acceso” a esta parte de la causa “para la realización del presente análisis”.

    Posteriormente, la BARC señala también que la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid entregó a la Audiencia Nacional tres cintas de vídeo nombradas como ‘Original 1’, ‘Original 2’ y ‘Original 3’ grabadas en “la estación de Atocha”. Los agentes explican que estos tres documentos fueron incorporadas a la “pieza separada cintas de vídeo”, pero asegura que entre el material remitido por Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional no están estos tres vídeos: “Entre las grabaciones facilitadas por la CGI para realizar este análisis no se encuentran estas imágenes”


    Vídeos de Youtube

    En el anexo documental utilizado para este informe (recogida entre los folios 92 y 103) se incluye un“listado de grabaciones videográficas de imágenes relacionadas en el 11M entregadas por la Comisaría General de Información a la DAO (Dirección Adjunta Operativa)”. En la misma bibliografía figuran dos referencias a vídeos de Youtube a los que recurrió la brigada para buscar posibles autores de la matanza, tanto a los condenados, como los suicidas de Leganés o cualquier perfil que encajase con las descripciones de testigos.

    Ambos archivos de la citada red social corresponden a piezas informativas de medios de comunicación y en ellas se muestra el momento de las explosiones en la estación de Atocha. Los agentes de la BARC creen que esas eran las imágenes que estaban en poder de la Brigada Provincial de Madrid.

    Según el documento, la BARC se llegó a reunir con representantes de seguridad de Cercanías para transmitirles la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia, una queja que el informe incluye en su capítulo de siete "recomendaciones" finales, después de las 17 conclusiones adelantadas este lunes por el diario El Mundo.

    En concreto, la BARC propone "incidir en la necesidad de la implementación de las medidas de videovigilancia en las redes de Cercanías y Metro con la calidad suficiente exigida en la norma UNE-EN 50132-7-2013 de sistemas de alarma, sistema de vigilancia CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para uso de aplicaciones de seguridad".

    Pese a que la excusa pública para realizar el informe fue revisar los protocolos policiales que se emplearon durante la investigación del caso, las recomendaciones difícilmente pudieron ponerse en marcha con el documento oculto, declarado secreto durante dos años y luego desaparecido. Ni los responsables de la cúpula policial, con Ignacio Cosidó, ni los altos cargos del Ministerio del Interior bajo la cartera de Jorge Fernández Díaz, tenían conocimiento del contenido de este informe. Los actuales responsables de Interior tampoco lo tendrán en consideración al calificarlo como "intrascendente".

    El documento no tiene fecha aunque en su portada figura la clasificación “17BARC2015” por lo que se deduce que fue concluido en 2015 (aunque la bibliografía prueba que hubo gestiones que se realizaron al menos desde 2014). En el centro de esa portada se puede leer “Jefatura Central de Operaciones” y justo encima “Dirección Adjunta Operativa”. El análisis tampoco lleva la firma de ningún funcionario policial concreto, aunque sí incluye el sello de la Policía Nacional en su esquina superior derecha y el del Ministerio del Interior y el Gobierno de España en la esquina superior izquierda. Desde la portada hasta el último de los 103 folios se lee en la parte inferior la siguiente indicación: “Uso exclusivo policial”. Es decir: que nunca fue pensado para enviarlo al juzgado.

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