Ya lo he expuesto en otro tema:

Pues yo creo que la cosa está muy clara:

Estado de Excepción, que para eso hay dos millones y medio de funcionarios. Las administraciones durante ese tiempo deberán ser manejadas única y exclusivamente por funcionarios de carrera (por oposición), debiendo causar baja automática todo aquel que ostente cargo político, o electo.

Como primera medida y a modo de fianza transitoria, el embargo de las cuentas de todos los políticos que en los últimos diez años hayan ostentado cargo en las administraciones, así como de sus familiares más directos. Esto hasta que tras la realización de una auditoria interna a nivel estatal se depuren presuntas responsabilidades; en el caso de que las hubiere, el embargo de las cuentas se haría efectivo, aparte de las condenas que por las responsabilidades penales se deriven.

El fín de este Estado de Excepción solamente tendría lugar en el momento en que se legisle y regule el régimen estaturario del personal funcionario por elección y representantes populares (lo que hoy en día se denomina "clase política"), así como el sistema electoral de este país (fiscalización de los programas electorales para su cumplimiento o en caso contrario persecución de sus responsables, listas abiertas, posible falta de idoneidad para los cargos a los que se presentan....entre otras medidas). Y por último, la contribución material de partidos, sindicatos y afines (fundaciones, etc...) con el Estado, y no a la inversa como se viene haciendo hasta el momento.

Una vez realizado todo esto, convocar elecciones generales bajo las condiciones expuestas.


Creo que de esta forma tal vez recuperaríamos la confianza en los políticos, si se les ocurriera continuar en la política, claro. :asfix