Consejo de Ministros
Madrid, viernes 16 de febrero de 2018

TOMA DE RAZÓN DE LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE SIETE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE AUTOPISTAS

El delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje podrá dictar medidas provisionales encaminadas a determinar la fecha en la que SEITTSA, dependiente del Ministerio de Fomento, se hace cargo de la gestión de cada una de ellas.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la incoación del expediente de resolución de siete contratos de concesión de autopistas y ha autorizado al delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que pueda dictar medidas provisionales encaminadas a determinar la fecha en la que la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), dependiente del Ministerio de Fomento, se hace cargo de la gestión de cada una de las autopistas de peaje.

El Ministerio de Fomento ha iniciado la resolución administrativa de los siete contratos de concesión, cuyas sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación dentro de los procedimientos concursales. Se trata de la Radial 2, las Radiales 3 y 5, la Radial 4, la M12, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera.

El órgano de contratación de estos siete contratos de concesión es el Consejo de Ministros y, por tanto, le corresponde al mismo resolver los correspondientes contratos. La resolución de un contrato de concesión administrativa requiere una serie de trámites administrativos, como la audiencia al contratista, informe de la Abogacía del Estado o informe del Consejo de Estado, que ya se están llevando a cabo. Cuando estén finalizados, será el Consejo de Ministros quien apruebe la resolución de los contratos.

Insolvencia y liquidación

El motivo para resolver los contratos es la situación de insolvencia y el inicio de la fase de liquidación de las sociedades concesionarias, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para poder continuar con la prestación del servicio, el Consejo de Ministros aprobó el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y SEITTSA, publicado en el BOE el 25 de agosto de 2017, para que esta última se haga cargo de la gestión de las autopistas cuando finalicen los contratos actuales. En dicho convenio, se autorizaba a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a fijar la fecha del inicio de la explotación por SEITTSA.

Cese de actividad

Los juzgados que dirimen los procesos de liquidación de estas sociedades concesionarias han fijado, en algunos casos, la fecha de cese de actividad por la sociedad concesionaria, lo que obliga a iniciar la explotación por SEITTSA en esa fecha. En otros casos dicha fecha queda condicionada a la finalización de los procesos de trasmisión de las diferentes autopistas.

Aunque no se haya resuelto el contrato de concesión por el Consejo de Ministros, será necesario continuar la prestación del servicio a los usuarios de las autopistas por SEITTSA. Mediante la toma de razón acordada hoy, el Consejo de Ministros no solo tiene conocimiento de que se ha iniciado el expediente que conducirá a la resolución de los contratos de concesión, sino que se autoriza al delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que dicte medidas provisionales que fijen la fecha de inicio de la explotación en coordinación con las decisiones de los juzgados y con la finalización de los procesos de trasmisión.

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El Gobierno aprueba el 'rescate' de ocho de las autopistas de peaje en quiebra

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el 'rescate' de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al "tomar razón" de la resolución de los contratos con sus actuales concesionarios. A partir de ahora, se determinarán las fechas exactas en que cada una de las vías serán asumidas por el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, según indicó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Gobierno autorizó la rescisión de siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y de la Circunvalación de Alicante.

Por el momento, sólo hay fecha para el 'rescate' para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado. En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no anuló el contrato de dado que el proceso de concurso de acreedores en el caso de esta vía acumula cierto retraso y aún no llegó a la fase de liquidación.

El objetivo de Fomento con este 'rescate' es "garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó Méndez de Vigo. Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.

Una vez que estos contratos de concesión de las autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Se trata del importe que, por contrato, tiene que pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público de este año.

El Gobierno unos 2.000 millones esta 'factura' en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones. Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es "orientativo" y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.

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