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Verdades, mentiras y deudas sin pagar del abogado de Puigdemont
Las once personas que han participado en este reportaje repiten dos palabras, «miedo» y «peligroso».
Gonzalo Boye, ahora en el foco público por ser el abogado más cuestionado de Carles Puigdemont.
El hombre objeto de sendas querellas ante la Audiencia Nacional por haber planteado contra el magistrado Pablo Llarena en Bruselas una querella basada en una traducción manipulada de las palabras del instructor del procés. El caso está en manos de la juez Carmen Lamela.
«¿Gonzalo Boye?», responde un ex fiscal. «Yo que usted no me metería en eso».
La del chileno veinteañero de familia bien condenado por colaborar en el secuestro de un empresario a manos de ETA. La del preso que en la cárcel estudia Derecho y al salir se reinventa como abogado de una víctima del 11-M. La del letrado conocido por grandes causas de tinte progresista pero que hace dinero defendiendo a clientes del mundo del narcotráfico y los bajos fondos.
Es amigo personal de Alberto Garzón, propalestino declarado y jugador de rugby... Y el abogado que ha acabado reuniendo en Bruselas como héroes en el exilio al rapero Valtònyc y al ex president Puigdemont, al que, según cuenta, él mismo aconsejó la fuga. Y que proclama allí donde puede que su país de acogida es un «Estado delincuente» que «viola sistemáticamente los derechos fundamentales». Lo dice en su querella.
En 1992 es detenido por la Policía Nacional en el garaje de su casa. Le acusan junto a otros tres ciudadanos chilenos de pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en Chile practicaba el terrorismo contra la dictadura de Pinochet, y de haber participado en dos secuestros llevados a cabo por ETA: los de los empresarios Emiliano Revilla (1988) y Diego Prado y Colón de Carvajal (1983).
Boye (el Gordo para sus camaradas) fue condenado en firme por colaborar en ese secuestro dentro de un grupo asociado al MIR al que ETA subcontrató para ayudarle en la infraestructura previa y las vigilancias a Emiliano Revilla en Madrid.
Este es el relato de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 1996. Boye, simpatizante del MIR, era amigo de René Valenzuela, miembro de esta organización, y juntos habían montado una empresa llamada Eco World. Por orden de ETA, un tercero se encargó de la vigilancia a Revilla, de «estudiar los itinerarios de retirada» y «ultimar los detalles del secuestro». En esas tareas «participó plenamente el acusado Gonzalo Boye Tuset».
Su condena: 14 años, ocho meses y un día por detención ilegal.
La Audiencia Nacional falló que los tres condenados debían pagar 200 millones de pesetas a Revilla por el calvario que sufrió. A día de hoy, Gonzalo Boye no ha pagado su parte (serían unos 630.000 euros al cambio actual), aunque la vida le va bien.
En prisión Gonzalo Boye no perdió el tiempo. Se matriculó en Derecho por la UNED y terminó en cuatro años y con buenas notas. Le sobraban el tiempo y la rabia. Cuando tras seis años, en 2002, salió a la calle, el mundo empezaba otra vez. Se separó de su mujer, empezó a repartir hielo por los bares de Madrid... y cogió sus primeros casos. Eso sí, colegiado en Pamplona y no en Madrid, cuyo Colegio de Abogados le rechazó por no reunir «los estándares éticos y morales de la profesión», ha explicado él.
Sus primeros clientes eran presidiarios a los que había conocido en la cárcel, donde convivía con condenados de ETA, el IRA o Hezbolá,
http://www.elmundo.es/cronica/2018/0...73c8b45c2.html
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