Mirad hacia donde apunta Libertad Digital:

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El Ejecutivo pretende lograr que el peso del sector público de todas las administraciones equivalga a un máximo del 35% del Producto Interior Bruto, frente al 43,6% que tiene ahora, según los datos del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea el pasado abril. El Ministerio de Hacienda aún perfila la memoria económica de esta reforma, pero fuentes del Gobierno cifran en unos 80.000 millones de euros el ahorro que se pretende lograr en toda la legislatura.

Un ambicioso tijeretazo que supondrá el "despido de miles" de empleados públicos que podrá ejecutarse gracias a la reforma laboral aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso. Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas públicas estatales, los interinos de las tres administraciones y todo aquel trabajador público, excepto los que hayan ganado su plaza mediante una oposición. Es decir, los funcionarios quedan a salvo del tijeretazo. En concreto, según fuentes oficiales consultadas por el elEconomista, el recorte en la plantilla de empleados públicos podría ascender a cerca de 300.000 personas.

El Gobierno quiere podar todas las administraciones porque considera sobredimensionada la actual plantilla laboral de las administraciones públicas, que supera los 3,16 millones de los trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las comunidades autónomas, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la administración central, y las empresas e instituciones públicas, más de 150.000. Una medida que un dirigente del PP califica de "muy dolorosa", pero imprescindible.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió en febrero al resto de departamentos un informe en el que se detallase todos los organismos prescindibles o susceptibles de ser privatizados, datos que algunos ministerios aún no han remitido. Una de las principales dificultades de este ajuste es que el Gobierno central sólo puede acometerlo en las sociedades que estén bajo su control. El problema es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos aglutinan un total de 2.372 empresas públicas, de las 626 son fundaciones y 1.055 consorcios, sobre las que el Ejecutivo central no tienen competencias.