Imagino que nadie es capaz de prestar dinero sin garantizar primero unas mínimas condiciones, y si este es el caso, los avalistas en este caso el Estado, si que debería hacerlo.
El gobierno es consciente de que en el caso de que no se pueda devolver, o se haga un mal uso de ese dinero, debe pagarlo él con el dinero de los contribuyentes con las consecuencias que eso conlleva, por lo que creo que ese caso sería poco probable. :roll: