El censo del terror
15 JUL 2012 | MIGUEL GIL, corresponsal político

Cifran en torno a 100.000 los vascos acosados por ETA y exiliados. 19.200 miembros de la Guardia Civil y 14.494 empresarios encabezan este siniestro padrón.

El Partido Popular en el País Vasco estima a la baja que el número de amenazados por ETA y su entorno “susceptibles de haber emigrado” de aquella comunidad asciende a 229.907 personas, dato al que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA.

Ahora bien, tal y como trasladan fuentes de la dirección de esta formación implicadas en la tarea que ultima el Ejecutivo para que quienes tuvieron que padecer un exilio interior en España puedan volver a votar en la Comunidad Autónoma Vasca, el número de personas que finalmente salió del País Vasco sería sensiblemente inferior a estos afectados por el terrorismo y sus inquietantes derivadas: en torno a 100.000 personas. Entretanto, los 20 expertos jurídicos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales están a punto de concluir su informe sobre esta reforma que, hoy por hoy, depende directamente de Presidencia del Gobierno.

Los populares vascos estiman un total de 76.636 personas que han sufrido directamente en sus carnes a ETA y su entorno en el País Vasco durante la sangrienta historia de la banda. Indirectamente ascienden a 229.907 como resultado de multiplicar esos 76.636 por tres, estimando de forma más que conservadora los miembros de cada unidad familiar (también implicados en aquel sufrimiento y, en su caso, destierro).

Los informes del PP vasco se dividen en diferentes colectivos, donde destacan los miembros de la Guardia Civil y los empresarios. 19.200 y 14.441 afectados, respectivamente. Estos últimos son 13.941 propietarios con más de 20 empleados y 500 directivos “y miembros de consejos de administración de grandes empresas vascas”.

Les siguen en este censo del terror los miembros del Ejército (8.654) y los trabajadores del Tren de Alta Velocidad (6.900). A continuación, los políticos (4.851) y los policías nacionales (4.500). Entre los primeros, 155 de la desaparecida UCD, 3.154 del PSE/PSOE, 1.418 del PP y 124 de la extinta Alianza Popular.

Tras ellos, 4.000 escoltas privados, 1.830 funcionarios de prisiones y 1.500 trabajadores de la autovía de Leizarán. Más. 1.233 jueces y fiscales, 897 profesionales destacados (“médicos, abogados, arquitectos...”) y 240 periodistas “de medios críticos con ETA”.

Suma y sigue

A todos estos se unen 150 miembros de colectivos cívicos, 100 responsables del frustrado proyecto de la central nuclear de Lemóniz, 50 profesores universitarios, 30 intelectuales, otros tantos mandos de las policías municipales y ex miembros disidentes de la banda.

El presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, motor de esta reforma, defiende que debe salir “adelante porque es la mejor manera de corregir lo que ETA ha provocado durante 50 años de terror, intentando limpiar el censo”. Basagoiti se muestra optimista: “La idea es tener en breve plazo una propuesta formal de reforma de la Ley que sirva para resarcir las heridas que ha dejado ETA en esta parte de España”, concluye.

http://www.intereconomia.com/noticia...r-eta-20120715