El juez indigna a la Guardia Civil y a la familia Cordón




La hija del empresario muerto en el secuestro acusa a Gómez Bermúdez de poner en peligro 17 años de investigación y la Benemérita manifiesta su «perplejidad»

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de dejar en libertad, bajo fianza de 10.000 euros, a dos de los tres terroristas de los GRAPO detenidos en Sevilla y Cádiz por el secuestro de Publio Cordón, en 1995, ha causado gran malestar en la Guardia Civil y en la familia del empresario muerto al intentar huir de sus captores, que acusa al magistrado de tirar por tierra la labor de los investigadores.






Se trata de Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, que se negaron a declarar ante el juez. El fiscal había solicitado prisión incondicional para los tres «grapos», pero Gómez Bermúdez la ha decretado sólo para Juan Ramón Teijelo, el tercer detenido en Sevilla y el único que respondió a sus preguntas, aunque rechazó su relación con el secuestro.

El juez asegura que las declaraciones de Teijelo «acreditan indiciariamente que tiene conocimiento de los hechos investigados» y que parece «impropio de quien no ha tenido relación alguna con ellos». En el caso de Ontanilla considera que su edad y que su compañero sentimental Teijelo ingrese en prisión, determina que el riesgo de fuga no sea tan elevado, por lo que decreta la prisión eludible de 10.000 euros. La misma cantidad que impone a Sarasa. Ambos «grapos» deberán comparecer a diario en los juzgados más cercanos a su domicilio y tienen prohibido salir de España. La próxima semana declarará María Victoria Gómez, detenida viernes en la cárcel de Cáceres.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desveló el viernes que Teijelo, Gómez Méndez y una tercera persona de la que no reveló su identidad enterraron a Cordón en Francia tras morir al caer por una ventana cuando intentaba escapar de la casa de Lyon, tras 15 días encerrado en un armario en «condiciones inhumanas». Añadió que Sarasa y Ontanilla cobraron el rescate de 400 millones de pesetas, que pagó la familia, cuando el empresario ya había fallecido.

La decisión de Gómez Bermúdez de abrir diligencias sobre un delito de revelación de secretos por la publicación de datos del secuestro ha provocado «indignación» en la Guardia civil. El juez dice que la filtración de las pesquisas seguidas en Francia repercute negativamente en la cooperación judicial internacional y en la investigación «con probable daño para la causa».

El magistrado ha ordenado al instituto armado que antes del martes le informe sobre la cadena de custodia de la comisión rogatoria y si se hizo alguna copia de la misma. «Nos gustaría que se respetara el trabajo que hemos hecho durante 17 años», dijeron fuentes de la Guardia Civil al expresar su malestar. La decisión de Gómez Bermúdez de dejar en libertad bajo fianza a dos de los «grapos» ha causado «perplejidad y sorpresa» en los investigadores, aseguraron las citadas fuentes antes de destacar que esos dos terroristas, además de cobrar el rescate, eran del comando responsable de la captura y desaparición de Cordón. La hija del empresario, Carmen, denunció que «no han pasado casi ni 24 horas de las detenciones cuando la persona que tiene el poder para que unos terroristas, contra los que hay suficientes pruebas, nos acerquen al final de la historia, decide tirar por tierra» el trabajo de la Guardia Civil durante 17 años. La mujer alertó del «enorme riesgo» de fuga cuando la Benemérita «tiene suficientes pruebas de que participaron en el secuestro».


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