Un oficial de la Guardia Civil pide a una controladora aérea que se retracte

La trabajadora declaró que había sido obligada a regular el tráfico a punta de pistola

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA Un oficial y otro agente de la Guardia Civil expresaron ayer su deseo de que una controladora área, acusada de calumnias por afirmar que le habían obligado a dirigir el tráfico de aviones a punta de pistola, se retracte de esas manifestaciones. Los dos funcionarios declararon en un procedimiento por calumnias abierto contra la controladora, que también está encausada en el sumario principal.
Los hechos se remontan a principios de diciembre del 2010, cuando la mayoría de los controladores españoles se sincronizó para, alegando problemas psicofísicos, paralizar el espacio aéreo español durante dos días.
La reacción del Gobierno central fue decretar la militarización del colectivo, lo que conllevó una paulatina vuelta a la normalidad.
Por los acontecimientos ocurridos en Balears se han abierto dos causas penales: la principal donde se dirime si los controladores incurrieron en un delito de sedición, abandono de servicio u otra infracción penal al negarse a regular el tráfico de aviones, y otra relacionada con las declaraciones de una de esas trabajadoras.
La controladora imputada fue abordada a la salida de la torre del aeropuerto de Palma por los medios de comunicación. La encausada afirmó que había entrado la Guardia Civil y el Ejército del Aire en la torre con pistolas y les habían obligado a separar aviones con esa tensión de por medio. Las palabras de esta mujer dieron la vuelta a España, que estaba impresionada por el alcance del paro encubierto del colectivo.
Las autoridades aéreas civiles y militares negaron inmediatamente esas imputaciones. Ayer, los dos testigos ratificaron que nadie empuñó las armas en la torre u otras dependencias de Son Sant Joan y que la notificación a los supuestos huelguistas de su militarización se hizo con total normalidad y sin incidentes.
El oficial que testificó explicó que las afirmaciones de la acusada le habían dolido y causado problemas: sus superiores llamaron, alarmados, para preguntar cómo se habían cumplido las órdenes de pacificar los centros de control de las islas.

Que pida una disculpa
Los dos guardias fueron interrogados acerca de si querían denunciar a la trabajadora por calumnias, oferta que, en principio, declinaron. No obstante, el oficial quiso dejar constancia de que sería conveniente que la controladora investigada presentara una disculpa y se retractara de sus manifestaciones.
La fiscalía tendrá que decidir si, finalmente, formula acusación por calumnias contra la controladora. Inicialmente la controladora, si se demuestra la falsedad de sus declaraciones, habría atribuido a los guardias y militares un delito de coacciones o de maltrato al encañonar a los controladores.

No hubo paro encubierto
La encausada prestó declaración en el sumario principal el pasado mes de mayo. La trabajadora negó que se hubiera gestado un paro encubierto en su colectivo en los días previos al 3 de diciembre, cuando estalló el conflicto.
La mayor parte de los imputados en esas diligencias han venido rechazando la tesis de fiscalía, acusaciones particulares y Gobierno respecto a que los hechos de aquel puente de la Inmaculada fueran una huelga encubierta.
Buena parte de las pesquisas se han centrado en las reuniones, asambleas, concentraciones y movimientos de los controladores de servicio, o fuera de él, esos días en sus lugares de trabajo.
La acusada explicó que acudió al aeropuerto para interesarse por la evolución de la situación.

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