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La juez Alaya pierde el control de las macrocausas de los ERE y los cursos de formación

El CGPJ tomó este jueves la decisión de dejar en manos de la nueva juez titular, María Núñez Bolaños, la decisión sobre el reparto.

Se consuma así la operación puesta en marcha con sutileza que ha llevado a una juez de familia sin experiencia penal alguna, amiga del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía y mano derecha en tales asuntos de Susana Díaz, Emilio de Llera y compañera de instituto de estudios del hermano del imputado exconsejero Ángel Ojeda, María Núñez Bolaños, a disponer del control de todas las macrocausas que han sido instruidas por la juez Alaya, precisamente en el momento decisivo.

El Mundo considera que, de este modo, Alaya ha sido apartada de su juzgado. Ni siquiera, subraya, ha contestado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a su petición de una comisión de servicio para seguir en la instrucción de las tres grandes causas en que trabaja desde hace años: la de los ERE, la de la formación y la de los avales de IDEA.

Es más, los ERE, el saqueo de los fondos de formación y otros, casos del decenio negro Chaves-Griñán-Díaz van a ser resueltos ahora por un equipo ad hoc que no conoce los asuntos ni sus circunstancias, Y predice: "Alguien irá a la cárcel, faltaría más, acaso alguno de los ‘de arriba’, pero, en fin de cuentas, el ambicioso globo moralizador en que Alaya se ha dejado la piel irá perdiendo gas si es que no acaba pinchado. De cara a la galería resultaba urgente quitarla de en medio".

http://www.libertaddigital.com/espana/2015-05-22/la-juez-alaya-pierde-el-control-sobre-las-macrocausas-de-los-ere-o-los-cursos-1276548608/


Así culmina la Sra. Susana Díaz su empeño en que saliera la juez Ayala del caso de los EREs. Durante todo el proceso de instrucción abrió un frente contra la juez Ayala, hasta que tuvo que pedir amparo la propia juez.

Han buscado que una “amiga” de uno de sus consejeros para un momento delicado del caso, el reparto. Es de esperar que será diferente a como pretendía hacerlo la juez Ayala.

La imputación de Chaves, Griñán, con la inestimable ayuda de Susana Díaz durante el mandato de Griñán…..se puede disipar y quedar en “aguas de borrajas” con la asignación de una juez “más amiga” del PSOE andaluz.

¿Esto es la famosa transparencia que pide el Sr. Pedro Sánchez?

En fin….ya veremos como el mayor escándalo de corrupción con dinero público puede quedar en…..casi na.



Núñez acusa a Alaya y la Guardia Civil de elaborar "teorías" sobre una "conspiración" en los cursos


Dos despachos de la Junta siguen precintados por la Guardia Civil en la causa de la formación

La juez Núñez critica las macrocausas de Alaya, que empiezan "la casa por el tejado"

SILVIA MORENO Sevilla
01/02/2017 14:14

Tal y como desveló en la campaña electoral de las elecciones generales de junio de 2016, la juez de Sevilla María Núñez Bolaños ha terminado dando carpetazo a la pieza política del presunto fraude de los cursos de formación subvencionados con unos 3.000 millones de euros durante una década por la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz.

En un duro auto de 16 páginas al que tuvo acceso EL MUNDO, la juez Núñez archiva esta pieza, en la que han figurado como investigados -antes imputados- tres ex consejeros y 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, y arremete contra la juez que inició las pesquisas, Mercedes Alaya, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada del caso y el Partido Popular, personado en las diligencias como acusación.

Así, la juez Núñez acusa a Alaya y a la Guardia Civil de elaborar «teorías sobre conspiración y tramas delictivas», que han sido «avaladas también» por el PP, y que han causado un «daño» a personas «cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso».

La juez se refiere al «criterio operativo» que impulsó Alaya de iniciar una causa penal «desde la interpretación de informes» de la Cámara de Cuentas y de la Intervención que alertan sobre «irregularidades administrativas» para, «a partir de los mismos y de su interpretación, elaborar teorías sobre la conspiración».

Según la UCO de la Guardia Civil, las irregularidades en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones «eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía», lo que no se ha demostrado, según la juez Núñez.

Esta organización benefició a una «red clientelar» tras actuar «de forma concertada y bajo instrucciones específicas» y provocó, «de forma consciente», una «malversación del erario público», según la tesis de la UCO a la que se refiere Núñez y que respaldó Alaya.

Perjuicio a "muchas familias"

En su auto, la juez Núñez se lamenta del «perjuicio» que la investigación judicial impulsada por Alaya ha causado a «muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada». En efecto, Susana Díaz destituyó en marzo de 2015 a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, después de que fueran detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación barrado impulsada por la juez Alaya en las pesquisas de la pieza política del fraude de la formación.

«Pero lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso», remarca Núñez, en referencia a la veintena de ex altos cargos de la Junta investigados y algunos de ellos también detenidos por la UCO.

La instructora alega que «los jueces no trabajamos con papel sino con personas» y detrás de cada proceso hay «familias». Por ello, «no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento, sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida», lanza al PP, que lleva meses intentando que se reabra la investigación.

Despachos precintados

En su auto, Núñez desestima el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el auto en el que acordó el archivo de las pesquisas. El PP solicitó la reapertura del caso tras tener conocimiento de que había dos despachos precintados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Consejería de Empleo. Los 'populares' reclamaron que se investigaran los expedientes que había allí, si bien la Fiscalía se opuso a ello.

La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero anunció que recurrirán el auto de Núñez y criticó el «ataque» a la UCO y a la juez Alaya. Censuró que la «estrategia» del PSOE sea decir que no ha habido fraude cuando «hay pruebas de que ha existido», con un supuesto perjuicio económico de 1.970 millones.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017...5698b45f8.html