La Junta 'acosa' otra vez al testigo protegido de los cursos



La ofensiva de la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, contra el funcionario que relató ante la juez Alaya un sinfín de irregularidades en los cursos de formación subvencionados con casi 3.000 millones de euros durante una década, no cesa.


El empleado público, al que la juez Alaya concedió la categoría de «testigo protegido» precisamente en respuesta a las presiones y amenazas que sufrió tras destapar el fraude, lleva desde el pasado mes de enero sin claves informáticas para poder hacer su trabajo como jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO), según denuncia el funcionario en numerosos escritos a los que tuvo acceso EL MUNDO y que han sido remitidos a varios altos cargos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.


Este episodio se une a la denuncia que hizo este funcionario el pasado diciembre ante el Parlamento andaluz para que lo amparase, después de que la Delegación Territorial de Economía y Empleo de la Junta en Sevilla fuera, poco a poco, vaciando de competencias el departamento que dirige, hasta tal punto de que de los 45 técnicos que llegó a tener a su cargo le quedaban menos de diez. Esta denuncia desencadenó una gran bronca política en la Cámara andaluza, ya que no llegó a sus destinatarios y fue eliminada del registro.


Lo más grave del nuevo episodio de acoso es que el testigo protegido no es el único empleado público sin claves informáticas y sin poder hacer su trabajo de control y verificación de los cursos de formación que la Junta de Andalucía trata de poner en marcha tras permanecer más de cinco años paralizados precisamente por el escándalo.


La propia Susana Díaz admitió en el Parlamento andaluz el 8 de octubre de 2015 que dio la orden de mantener la paralización de los cursos ante las sospechas de un presunto fraude que investigan varios juzgados. Esta paralización ha provocado que Andalucía pierda al menos 800 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.


Según las denuncias que el testigo protegido ha presentado ante sus superiores, a las que tuvo acceso este diario, todo el departamento entero de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO) está sin claves informáticas. En total son ocho empleados públicos.


«Cansado y aburrido de solicitarle a mi jefe de servicio de Formación Profesional para el Empleo (FPE) las claves de las distintas aplicaciones y herramientas informáticas sin obtener resultado alguno, lo puse en su conocimiento mediante escrito de fecha de registro 10/5/2017. Sin obtener al día de hoy noticia alguna respecto a lo solicitado», expone en el escrito remitido al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, Juan Borrego Romero, el pasado 5 de junio.


http://www.elmundo.es/andalucia/2017...a5b8b45f3.html