PSOE e IU pactan «capacitar» a la Policía para tratar a colectivos como los gays


Reacción sindical: «Que impulsen formar a los políticos contra la corrupción»
Sindicatos de Policía y Guardia Civil tachan la medida del pacto programático de «deleznable»

SEVILLA- «Impulsaremos actividades formativas entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para capacitarlos en un trato adecuado a colectivos que puedan sentir rechazo social por su diferencia, como por ejemplo,en temas de homofobia». Es un punto del acuerdo programático aprobado por PSOE e IU en su camino hacia un Gobierno de coalición en Andalucía. Una propuesta que sólo como tal ya ha levantado polvareda.



El Cuerpo Nacional de Policía tiene en Andalucía una Unidad Adscrita que depende de la Consejería de Gobernación, a ella pertenecen alrededor de 500 funcionarios, a quien afectaría en esencia la iniciativa propuesta. El representante de dicha unidad en la comunidad y secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Fernando Ramón Calderón, ha transmitido a LA RAZÓN su «desagradable sorpresa» por la declaración de intenciones. «Es como si nosotros, desde el sindicato, pidiéramos que los políticos superaran pruebas de capacitación formativa o psicotécnicas para gestionar los intereses de los ciudadanos».
Considera que los Cuerpos de Seguridad «ya están capacitados» para tratar a todos los andaluces y saben «que el artículo 14 de la Constitución es muy claro». «Por eso –añade– no podemos tolerar que se dé pie a pensar que cometemos irregularidades con personas que puedan sentir rechazo como los homosexuales o que podamos tener algún tipo de menosprecio hacia ellos». Se pregunta si el PSOE o IULV-CA «tienen pruebas de que esto sea así» y recuerda que en la propia Unidad Adscrita «también puede haber agentes de distinta orientación sexual». Calderón insta al futuro Ejecutivo regional a que «emplee el dinero del erario público en otras cosas realmente necesarias como vehículos para poder realizar nuestro trabajo o aumentar las plantillas».

En ese sentido, denuncia que la Junta «ha cortado, sin comunicar nada previamente, todas las partidas presupuestarias para los servicios de contravigilancia» y augura «más recortes». Hace una petición final: «Puestos a innovar, ¿por qué los políticos no crean un órgano vinculante para relacionarse con nosotros y conocer nuestras necesidades?».

En la misma línea, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Espino, plantea que «si ésa es la opinión que tienen PSOE e IU de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, transcurridos más de 30 años de democracia, es que o viven anclados en el pasado o han confundido la parte con el todo o la excepción con la regla».

Como su compañero, defiende que se sienten «capacitados» para «realizar correctamente» su trabajo y que «asumen con naturalidad la existencia de todos los colectivos ciudadanos, por la poderosa razón de que respetan los derechos de todas las personas, como no podía ser de otra manera». Aboga por «impulsar actividades formativas para algunos políticos contra la corrupción, que tanto daño hace al sistema democrático y en la que están montados casi todos los partidos en Andalucía». Y añade: «No queremos pensar que con semejante iniciativa lo que realmente se pretenda sea iniciar una campaña de desprestigio, a modo de castigo público, contra las instituciones que más luchan contra la corrupción política investigando los casos ERE, Mercasevilla o Invercaria». A su juicio, se trata de «una propuesta política deleznable que transmite un mensaje trasnochado o irreal y es una infamia contra nosotros que rechazamos de plano».

Por su parte, fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), plantean que «empiecen por educar a los mandos». Recomendación que justifican en un ejemplo. Los agentes destinados en el puesto de Montilla (Córdoba) han denunciado su «malestar» por instrucciones impartidas por sus superiores. Se les ha ordenado «por escrito» que «se identifique a todas las personas y vehículos, aunque no tengan interés policial». El cumplimiento de este mandato podría suponer una vulneración de la ley. Y ahí más. Según la AUGC, dichas orientaciones «se intensifican especialmente en el caso de tratarse de personas inmigrantes», lo que «raya, en cierto modo, en la xenofobia», lamentan. Instan a los políticos a «apuntar para arriba».

http://www.larazon.es/noticia/438-ps...-como-los-gays