El compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir la mala gestión de los recursos públicos, así como la determinación de Alberto Ruiz-Gallardón para endurecer el código penal, chocaron ayer con los indultos concedidos a un exalto cargo de CiU, condenado por corrupción, y a su cómplice, también vinculado a la coalición.

Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de UDC, fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos, pero el Ejecutivo decidió el pasado viernes conmutar las penas de prisión por una multa.

Los indultos aparecieron ayer en el BOE con la correspondiente firma del ministro de Justicia, desatando críticas por lo poco ejemplar de la decisión e, incluso, relacionándola con el reciente apoyo de CiU a la reforma laboral. Y es que, como recuerda la disposición del Gobierno, Servitje fue “autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta”. Por los mismos delitos, Lorenzo Acuña fue castigado con años y tres meses de prisión, y cuatro años de inhabilitación.

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