Las competencias de orden público en Cataluña son responsabilidad de la Generalitat (excepto en el interior de aeropuertos y puertos de interés estatal); el estado puede ordenar la intervención de CNP y G. Civil cuando considere que los intereses del Estado estén gravemente comprometidos, aunque dudo que aun así lo hiciese dado el complejo y cobardía que suele tener el gobierno respecto a Cataluña y el País Vasco.