Rozar la legalidad estando de servicio, actuando siempre de buena voluntad. Ahí, es dónde deberíamos estar protegidos legal e institucionalmente.
Pero la acción de este hombre nada tiene que ver con una intervención, sino con un ánimo de lucro, a sabiendas de que estaba cometiendo un delito, todo esto con un sueldo mensual que rozaba los 2600 euros. El conductor marroquí que le tuvo que pagar el impuesto revolucionario, probablemente no ganaba ni la quinta parte, y su familia habrá pagado las consecuencias de tener que corromper a un Guardia Civil.
No estoy a favor del corporativismo a ultranza, sobre todo cuando se trata de defender a un corrupto.
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